EL 14 DE ABRIL DE 2010 HIZO LUGAR A LA DENUNCIA DE DARÍO RIVAS CANDO E
INÉS GARCÍA HOLGADO, PARA INVESTIGAR
CASOS DE REPRESIÓN, TORTURA Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS DURANTE EL FRANQUISMO.
AHÍ COMIENZA LA CAUSA Nº 4.591/2.010, CARATULADA “N.N.
s/ genocidio”.
ANTE LOS IMPEDIMENTOS DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA,
LA JUEZ AHORA
ESTÁ EN ESPAÑA TOMANDO DECLARACIÓN A LAS VÍCTIMAS.
Nunca nadie ha durado tanto tiempo en el cargo del Juzgado
Federal nº1 de la ciudad de Buenos Aires: veinticuatro años y con viento de
popa. Su juzgado además, tiene asignada las competencias electorales en la
capital de Argentina, lo que la ubica en lugar privilegiado para dictaminar
sobre la vida política de este país. A María Romilda Servini de Cubría el cargo
le ha dado trato directo con cinco presidentes, todos los líderes políticas
desde 1990 a
la fecha y ha sido la encargada de intervenir en todas las disputas internas
que hayan existido en todos los partidos, movimientos y frentes electoral del
último cuarto de siglo de Argentina.
No es de carácter fácil, no es sencillo para sus
colaboradores el día a día por su temperamento fuerte aunque de trato cordial,
algo que reconocen hasta sus enemigos. Estos también remarcan como principal virtud
que no tiene sospechas de haberse enriquecido en su cargo, algo extraño en un
país donde todos los estamentos de poder están marcados por la corrupción.
Todos los jueces federales nombrados durante la década de 1990, durante la presidencia
de Carlos Menem, están o estuvieron sospechados de corrupción o enriquecimiento
ilícito. Algunos fueron investigados y procesados pero ninguno condenado. María
Romilda Servini de Cubría siempre estuvo al margen de estos avatares y
sospechas.
Los nuevos tiempos políticos le reconocen un mérito que
durante años estuvo casi escondido. Fue la única jueza que durante la Dictadura Militar
de 1976/83, (la que hacía desaparecer a los enemigos, a los sospechosos, a los
posibles sospechosos y hasta los apáticos) recuperó y entrego a sus familiares
a hijos de desaparecidos buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de
Carlotto, su presidenta, ha remarcado cientos de veces su gesto, su
comportamiento y que fuera la única autoridad judicial que las recibiera
durante los años “negros” del último gobierno militar. “Desde 1977 en adelante
nunca nos cerró la puerta del juzgado” dijo Carlotto. Servini de Cubría muestra
orgullosa una carta de agradecimiento de esa organización.
“En mi juzgado las demandas se tramitaban como era debido”,
le dijo a la periodista Marta Dillón del diario Página 12 en marzo de 2002.
“Los dos primeros chicos restituidos fueron en mi juzgado, Emiliano Hueravillo
en 1977, y Cecilia Méndez en 1976. Fui la única jueza que atendió a las Abuelas
de Plaza de Mayo en plena dictadura y ellas mismas pueden decirlo, tenían una
lista y fuimos buscando. Era lo que correspondía que hiciera”.
Estos hechos tienen un valor adicional cuando su biografía
dice que está casada con un brigadier retirado de la Fuerza Aérea. Este parentesco la llevó a excusarse en las
causas por la represión ilegal de la Dictadura. Servini
de Cubría no ha intervenido en ningún juicio de represión, tortura o crímenes
de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.
A esta juez se le discute su carácter, su forma de
relacionarse en la judicatura, pero no su idoneidad y perseverancia. Ha
intervenido en causas de mucho impacto y complejidad. Michael Townley (el
agente de la CIA
y la DINA,
policía política chilena del régimen de Pinochet), le confesó en noviembre de
1999 cómo preparó y realizó el asesinato, en 1994, del ex jefe del ejército chileno
Carlos Prats y su mujer en Buenos Aires, a pedido del régimen pinochetista. Investigó
la quiebra fraudulenta del Banco Internacional de Crédito y Comercio en 1991
(BCCI, por sus siglas en inglés), de capitales saudíes y de Abu Dabi. La 7º
entidad bancaria internacional en su momento, confesó sus actividades de lavado
de dinero proveniente del tráfico de armas y la droga. Servini de Cubría
desnudó la conexión local de Gaith Pharaón, principal accionista de la entidad,
y su relación con el gobierno argentino.
Es una juez dispuesta a estar en el lugar de los hechos. En
la década del 1980, siendo juez
subrogante en un juzgado penal, intervino en varios motines carcelarios
destacándose su presencia en las prisiones en el momento de los hechos. En los
levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre de 2001 de Buenos Aires –
cuando quebró la economía argentina – estuvo en la Plaza de Mayo para observar
el accionar de la policía. “A mí me mintieron el 20 de diciembre. Quisieron
engañarme, pasarme por encima. Me comuniqué temprano con los responsables y me
dijeron que estaba todo bien, todo tranquilo.” Dijo días después de los hechos.
Un año después reconoció en un reportaje que “…resulta que cuando llego al
despacho del juzgado me entero por la radio que están tirando los caballos
encima de la gente. Entonces le dije a mi chofer, vamos a la Plaza a ver qué pasa.”
María Romilda Servini nació en 1937 en San Nicolás de los
Arroyos, a 237 km
de Buenos Aires. Nieta e hija de abogados. Su abuelo fue camarista y su padre
juez en un tribunal civil y comercial. Su padre también tuvo un estudio
jurídico en sociedad con Ramón Subiza, abogado que supo ser uno de los
secretarios privados del general Perón. Una prima suya, Clara Servini García,
fue diputada nacional por el peronismo. Datos que muestras cierta versión de
familia acomodada en una ciudad de provincia y de vínculos políticos con el
peronismo, movimiento que ha gobernado la mayor parte de los períodos
democráticos. A esa suerte de “linaje” socio-político se le atribuye que haya
sido la presidenta Isabel Perón (la viuda del general que heredó el poder en
1974) quien le asignó su primer cargo de juez en el fuero de minoridad en 1976,
un mes antes de ser derrocada por los militares. Y que fuera el presidente
Menem (también peronista) el que le asignara en 1990 el juzgado que dirige hoy.
En este país, los contactos políticos son importantes para avanzar en los
casilleros de la justicia, pero la juez no tiene acusaciones fundadas de haber
devuelto los favores, a pesar de hacer tenido más de 30 pedidos de
enjuiciamientos por mal desempeño, 16 de ellos por la instrucción de su primera
causa de envergadura, el “Yomagate” en 1990/1991, un episodio policial de
lavado de dinero del narcotráfico que incluía entre los imputados a la cuñada
del presidente Menem. Por este caso recibió un apercibimiento por errores
procesales y una multa por una cuantía casi simbólica (60 pesos) por parte de la Corte Suprema. En el resto de
los casos no fue sancionada.
Se casó con el entonces capitán de la Fuerza Aérea Juan Tomás Cubría
en 1959, un año después de haberlo conocido mientras estudiaba abogacía en la Universidad de Buenos
Aires. “Me casé antes de recibirme, a los 21. Tuve a mi hijo mayor, estuve en
el extranjero dos años porque mi marido era agregado ayudante en la embajada de
Brasil, y cuando volví, en el ‘63, con un chico de casi cuatro años, decidí
terminar las materias de escribanía que era lo primero de lo que me podía
recibir y me conformé con eso”, contó a Marta Dillon en Página 12. Luego decidió continuar con los estudios de
abogacía aprovechando la disciplina de estudios de su hermano. Cuando se graduó
ya tenía su segundo y último hijo. Luego puso todo su empeño en la judicatura.
“En cuanto tuve la oportunidad, entré en la carrera
judicial. La escribanía era muy sacrificada, preferí ganar menos y tener un
sueldo fijo pero no abandonar a los chicos de la mañana a la noche. Fui la
primera mujer que entró en la justicia penal, como defensora. Eran siete
hombres y yo, todos muy buenos compañeros. Fui la que más iba a la cárcel y los
presos siempre tenían un regalito para hacerme, una medallita con mi nombre, alguna
artesanía. La mía era sangre joven y entusiasta”, dijo en el reportaje de
Página 12.
Luego quedan algunos datos para la anécdota. Fue “Reina de la Primavera” en la escuela
Normal, donde se graduó de maestra aunque nunca ejerció. “Desde chica quería
ser abogada, jugábamos con mi hermano a los abogados”, dijo en un reportaje. Es
timonel aunque nunca aprobó el examen final en la Escuela Nacional de Náutica.
Tiene un barco mediano que navega los fines de semana. Colecciona figuras de
búhos. Tiene encuadernada toda la información de prensa relativa a las causas
en que intervino. Y no piensa jubilarse. “Seguiré mientas el cuerpo me lo
permita”, dice.
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